Grieta & Neo-Pachequismo: "esta película ya la vimos"

1a. quincena, abril 2022

Parte I: La Grieta

Siguiendo cierto designio de rigor metodológico, se intentó en un período inicial del análisis del discurso, identificar la interpretación de los textos con el cómputo informático de los términos empleados en los enunciados. Se relativizó posteriormente esa orientación, en cuanto la formalización estadística del objeto discursivo (por ejemplo, las encuestas de opinión pública) se lee siempre (al menos) de dos formas distintas.¹ Aunque reviste cierto prestigio (de raíz metafísica) en una perspectiva de exactitud, el criterio de transparencia formal declina cuando interviene de forma gravitante la decisión de los particulares. La discusión de las cifras (1,4 % de diferencia entre las dos opciones, más un 3,5 % de votos anulados y un 1,3 de votos en blanco)² que arrojó el referéndum sobre la LUC (Ley de Urgente Consideración) que tuvo lugar el 27 de marzo último, no pone en cuestión la transparencia del escrutinio, sino la significación política adjudicada por unos y otros a los resultados. La contienda de opiniones permite por vía de consecuencia discernir otro planteo, a partir de la lúcida afirmación sobre la preeminencia discursiva de la actividad enunciativa sobre la forma enunciada: cuanto mayor sea la discrepancia de lecturas para las mismas cifras, mayor se revelará la disidencia entre quienes las interpretan.

La diferencia marcada entre lecturas de un mismo resultado comicial no sólo incluye, en este caso, proyecciones políticas a futuro, sino que también manifiesta interpretaciones tan disímiles como enfrentadas. Mientras para Sanguinetti se trata tan sólo de la "3a. vuelta" de las elecciones de octubre de 2019,³ para Fernando Pereira nos encontramos ante el resurgimiento de la militancia popular, incluso por encima de toda pertenencia partidaria.⁴

La pugna entre registros contrapuestos de la instancia comicial no sólo intervino con posterioridad al resultado, sino por vía constitutiva del debate que la precedió. Mientras los defensores del "No" al referéndum se agruparon en torno a los partidos políticos que sostienen al gobierno, incluso pretendiendo reducir el debate a los representantes de estos últimos, los partidarios de derogar la ley denunciaron esta intentona y reivindicaron en todos los casos, una integración supra-partidaria de su propia conducción organizativa.⁵

Incluso la campaña mediática marcó orientaciones a las antípodas unas de otras: mientras los partidarios de mantener la ley terminaron declinando toda intervención pública en favor de una conferencia de prensa presidencial,⁶ la emisión por cadena de radio y televisión de los partidarios de la derogación fue protagonizada por un actor de cine y teatro, seguida de una emisión de múltiples intervenciones anónimas, pero representativas del espectro social.

La grieta vista por dentro

Quienes afirman que en el Uruguay no existe cierta "grieta" que asolaría a los países circundantes, refieren ante todo al espectro institucional del sistema de partidos y los poderes del Estado.⁷ Se trata, en efecto, de una confesión de parte, ya que si la famosa "grieta" dependiera del estamento representante, todo sería  cuestión de buenas maneras y de mejores intenciones. Quizás no se advierte el significado que encierra la alarma que se difunde, ya que al identificarse el peligro de tal "grieta" exclusivamente con el ámbito inter-partidario y estatal, se admite por vía de consecuencia que los representantes no serían representativos, en cuanto se supone que ocupan un lugar elegible y revocable, mero efecto de un mandato ciudadano.

Un buen ejemplo de la reducción de la "grieta" al estamento institucional nos lo presenta el propio Sanguinetti, para quien "estamos mejor que nuestros vecinos" simplemente porque el sistema político es bi-partidario y no se encuentra "fragmentado" como en el caso de Perú o de Chile.⁸ Contrariamente a este panoptismo institucional, lo que muestran los casos de Perú y de Chile son las diferencias en el plano de la actividad supra-institucional: en el primero se manifiesta a través de reacciones esporádicas de la base social ante las crisis institucionales, mientras en el segundo, se trata de la remoción del legado del totalitarismo de Estado por una revuelta popular (que fue in crescendo por más de una década).

El caso de Uruguay parece ser una mediación entre la tendencia a una insurgencia generalizada que manifestó el pueblo chileno y las formas de participación institucional de índole constitucional. Habrá que esperar, sin embargo, las movilizaciones que alentadas tanto por la paridad del referéndum como por el perfil "matamoros" del gobierno, auguran un cuestionamiento aún más radical por parte de los movimientos sociales y entre las redes.

Quizás el elemento más notorio de cierta grieta "vista por dentro" sea, en el caso de Uruguay, la acumulación de 9.000 millones de dólares por parte de los sectores agroexportadores,⁹ que tuvo lugar bajo este período de gobierno, gracias al aumento de precios alcanzado por los productos de exportación tradicionales, al tiempo que se registra por segundo año consecutivo una caída del salario real. Esa desigualdad no cesa de hacerse mayor, impulsada ayer por de la pandemia de Covid-19 y hoy por la guerra mundializada entre Rusia y Ucrania. Ahora, una vez mirada tal inequidad como interioridad de grieta, se ve hacia un lado el enriquecimiento de sectores históricamente favorecidos, mientras mirada hacia el otro, muestra la caída del nivel de ingresos de asalariados y jubilados,¹⁰ que amenaza empeorar como efecto de la carestía que se manifiesta desde ya, en razón de los altos precios internacionales del petróleo y los alimentos.

En este panorama, pocos hechos manifiestan tanto la tan temida grieta como la intervención del presidente Lacalle Pou en la campaña de la coalición en el gobierno para defender la LUC, bajo excusa de defender una norma que había propuesto la coalición "multicolor" que integra, e incluso había impulsado desde su gobierno.¹¹

En efecto, si la Constitución prohíbe a texto expreso la actividad política presidencial ¿cómo confundir tal prohibición con el ejercicio del gobierno? Por su propia naturaleza el Poder Ejecutivo queda, en un sistema con separación de poderes, remitido a aplicar aquello que los electores han decidido (o en el caso de una campaña electoral, estén por decidir) políticamente. Por el contrario, una campaña de referéndum, en que se recaba la opinión del conjunto del cuerpo electoral (y además, con voto obligatorio) sobre una ley, es una campaña política en un sentido que escapa al ejercicio del gobierno por el poder ejecutivo.

Dice el numeral 5o) del artículo 77 de la Constitución de la República: "(...El Presidente de la República y los miembros de la Corte Electoral no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los partidos, ni intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral...)".¹²

Pocas actitudes llegan a poner en evidencia de forma tan notoria la amplitud de la grieta como la intervención del presidente de la república en comicios ciudadanos: incluso a través de la manipulación del voto popular por medio del ejercicio institucional.