La condena que volvió del pasado y la condecoración que cayó del presente

 

 

1a. quincena, noviembre 2021

 

 

 

 

 

Despertar del pasado

 

El domingo pasado hacia la medianoche un mensaje me preguntaba si había ocurrido efectivamente que Irma Leites, Jorge Zabalza y Alvaro Jaume fueron condenados por los hechos acaecidos en 2013 en la sede de la Suprema Corte de Justicia. Ganado por cierta serenidad de espíritu, contesté que aquellos hechos habían ocurrido hace unos años, pero sin alcanzar consecuencias mayores, en particular, relativas a la prisión de los imputados.

Al despertar caí en la cuenta, ya en la mañana del lunes 1o. de noviembre, que mi memoria le había jugado una mala pasada a lo inverosímil. Hacia fines de la semana anterior, la juez Ana De Salterain había condenado a los tres imputados de antaño y a otras personas por aquellos hechos ocurridos hace ocho años, con penas de prisión para Leites, Jaume y Zabalza, así como por un período menor para otros tres imputados (Aníbal Varela, Eduardo y Diego Jaume), en régimen de libertad condicional en todos los casos.¹

En febrero de 2013 un grupo de manifestantes que se oponían al traslado de jurisdicción (de penal a civil) de la juez Mariana Mota, se había congregado frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia. Quienes se manifestaban entendían que mediante ese traslado de jurisdicción, la misma Corte intentaba obstaculizar el empeño con que la juez Mota había seguido las causas de imputados por violaciones de los DDHH, ocurridas bajo el terrorismo de Estado (1968-1985).² Algunas decenas de manifestantes se habían concentrado en el interior del edificio, e incluso habían ingresado al salón donde tendría lugar la instancia solemne de las designaciones decididas por la Suprema Corte. Tal como me lo dictaba la memoria el domingo pasado hacia medianoche, los imputados por esa protesta fueron en aquel momento condenados por “asonada”, pero posteriormente sobreseídos por el Tribunal de Apelaciones.

En una actualización del blog Zurdatupa del día de ayer,³ Jorge Zabalza establece el vínculo de esta condena con la continuidad de la impunidad en el Uruguay, que marcó la salida del terrorismo de Estado y continúa hasta nuestros días, además de la significación que toma la resolución judicial, que lo afecta junto a otras personas cinco personas. En tal sentido el episodio de 2013 por el que hoy son condenados estos ciudadanos adquiere particular significación, ya que ocurrió bajo la presidencia de José Mujica, quién profesó reiteradas veces su “arrepentimiento” respecto a su propia participación en la guerrilla tupamara. Ese arrepentimiento cundió en diversas medidas e iniciativas debidamente reconocidas, en su momento, por quienes hoy defienden a los represores de antaño,⁴ en razón de la protección recibida del gobierno de quien fuera condecorado días atrás por el presidente argentino en ejercicio, Alberto Fernández.⁵

 

Señales del presente

 

La condecoración otorgada por el actual gobierno argentino al guerrillero arrepentido, se inscribe en un conjunto de señales que intentan promover la imagen de un compromiso con los valores e intereses populares en la Argentina, asociados desde mediados del siglo pasado con la tradición peronista. Se trata siempre y en cada caso, de señales vinculadas al pasado tradicional del peronismo, aunque se incluya paradójicamente, como en el caso de la condecoración a Mujica, al “pasado reciente”. Las señales del presente parecen tomar otros rumbos, como lo indica el fuego fatuo que enciende el neo(anarco)liberal Javier Milei, que tiende a desdibujarse ante los mismos resultados electorales. Sucede en efecto que el Frente de Todos, reagrupamiento de lo más conspicuo del abigarrado conjunto peronista, sufre una fuga electoralmente más significativa por el lado del Frente de Izquierda y de Trabajadores, que anclado a las tradiciones más clásicas de la izquierda internacional, se afianza como la tercera fuerza electoral del vecino país, detrás del Frente de Todos y Juntos por el Cambio.⁶

Este desplazamiento electoral parece ser, en la Argentina, la punta del iceberg de un descontento generalizado y polimorfo, efecto de una transformación de las sensibilidades que expresa ante todo la declinación, tanto en Latinoamérica como en Europa, de la forma representativa de la soberanía surgida en la Modernidad. Análogo desplazamiento sutil pero masivo, acaba asimismo de producirse en el Uruguay, donde un impulso de difícil identificación ideológica y fuerte incorporación gremial llevó a obtener casi 800.000 firmas, que (se) proponen escrutar por reférendum la Ley de Urgente Consideración, caballo de Troya legislativo de la restauración neoliberal en la margen oriental del Plata.

Las señales del presente que provienen de un trasfondo general son aún más alarmantes para la institucionalidad política. A la sucesión de movimientos tan desafiliados ideológicamente como masivamente “autoconvocados” por redes, que siguieron a la “batalla de Seattle” en 1999 (Post-Atocha, Indignados, Primavera Arabe, La nuit debout, Chalecos Amarillos, Estallido(s) Social(es) chileno-ecuatoriano-colombiano); viene a sumarse ahora una proliferación de grupos que se oponen a la globalización de la gobernanza sanitaria, que provienen tanto de integrismos vitalistas, como de quienes entienden que la soberanías nacionales han sido traicionadas por la versión progresista de la globalización. Incluso ciertos sectores (por ejemplo juveniles) pueden emigrar entre polos opuestos de identidad ideológica, tal como acaba de ocurrir con votantes de Milei que lucharon por la anticoncepción voluntaria en la Argentina recientemente, dando señales de una regulación política que obedece, antes que a identidades sociales vertebradas ideológicamente, a fluctuaciones coyunturales de la opinión pública.⁷

 

Los contraejemplos de la legalidad

 

En su actualización de blog “Un asunto político muy serio” Jorge Zabalza nos ofrece un criterio de contraejemplo de la legalidad. A su entender, la jueza Ana De Salterain le imprime a la norma legal que lo condena (el delito de atentado) un giro subjetivo determinante, que la lleva a ver responsabilidades personales donde no existió sino una expresión colectiva y espontánea de un alto número de personas, carente además, de toda violencia física. Parece abusivo acordar, en efecto, que una expresión tumultuosa y abigarrada que se aloja con cierta perseverancia en una sala solemne, pudiera corresponder a una planificación contumaz, a cargo de un comando unificado de tres personas.

Pero la apreciación de Zabalza alcanza otra significación, acerca del componente subjetivo que cunde en la administración de justicia, tanto si se lo coteja con el criterio de una universalidad normativa del derecho (la ley sería una y la misma, destinada a la regulación de hechos igualmente unívocos) como si se la coteja con el concepto de una “justicia de clase” (la norma se implementaría desde los intereses de un sector social y se la aplicaría siguiendo ese mismo rasero parcial).

En este blog hemos retomado la observación académica que señala una deriva significativa de las actuaciones judiciales en razón de la incidencia de los medios de comunicación sobre el contexto ciudadano a partir del cual se imparte justicia.⁸ Incluso, se ha observado desde nuestro punto de vista, una paridad entre la evolución de la sensibilidad mediática y la incorporación jurídica de una instrucción política de índole contextual.

Como lo señalaba el profesor Silva García en la clases de filosofía teórica de la facultad de Humanidades y Ciencias, la propia noción de contexto proviene de la tradición jurídica: significa el comentario que unas decisiones judiciales habilitan a hacer de otras, es decir, constituye el corpus teórico de la jurisprudencia, o sea, del saber relativo a la justicia impartida. Esa noción de contexto corresponde asimismo, a la puesta en vilo del substancialismo conceptual por el “giro lingüístico” del pensamiento teórico, particularmente el que intervino desde los años 50’ del siglo pasado: si el contexto corresponde a un conjunto de enunciaciones que configuran, entre sí, el correlato las unas de las otras, todo contexto proporciona un mapa de significaciones relativas a la inteligencia humana y no a una entidad subyacente, intangible y previa al acontecer enunciativo.

Tal variabilidad de la significación de la legalidad no conduce al abandono del criterio de un estado de equilibrio relativo de los conjuntos humanos, sociales y jurídicos, sino que por el contrario, habilita a entender tales equilibrios de poder como efecto de un litigio de fuerzas contrapuestas, que configuran a través del conflicto las distintas coyunturas históricas.⁹

 

El silencio de los culpables

 

El título de Zabalza “Un hecho político muy serio” parece contradicho por el lugar que los medios de comunicación han otorgado a la decisión jurídica que condena a los tres imputados a 24 meses de prisión. Referida por algunos medios y portales el lunes 1o. de noviembre, desaparece inmediatamente después.¹⁰ Sin embargo la propia noción de contexto puede ayudar a entender el silencio relativo que parece pesar sobre la sentencia en cuestión. En la edición de La Diaria del 3 de noviembre, se da cuenta del agravamiento de penas que forma parte de la Ley de Urgente Consideración (LUC) para delitos de desacato a la autoridad y resistencia al arresto. Corresponde observar que el atentado por el que se condenó el jueves pasado a imputados por hechos en 2013,¹¹ no parece conceptualmente reñido con la acepción de “atentado”, en tanto que “violencia y ofensa a la autoridad” (según lo consigna la LUC). O sea, se trata de un agravamiento de penas, que tanto en la LUC como en la sentencia de la juez De Salterain, pueden considerarse efecto de actividades de “resistencia civil” (manifestaciones ciudadanas en discordancia con una decisión gubernamental).

Uno podría preguntarse por que razón tal correspondencia entre una condena relevante públicamente y los hechos acaecidos en 2013, reeditados a su vez por la sentencia de la semana pasada, no fue puesta de relieve por La Diaria, ni siquiera en los “Apuntes del día” del número que da la noticia (1 de noviembre), pero tampoco entre los artículos que difunde en una edición especializada en asuntos jurídicos difundida con posterioridad (3 de noviembre).¹²

Quizás la respuesta pueda encontrarse en el propio criterio que sosteníamos para los equilibrios de la legalidad: un efecto de poder relativo a los litigios que configuran, a través de la contraposición conflictiva, un contexto público.

En efecto, los “Apuntes del día” de La Diaria del mismo 1o. de noviembre, tras señalar una serie de lecturas posibles de una publicación y reportaje a la directora de Latinobarómetro subraya, en un sorprendente párrafo de cierre, el “nivel de primitivismo y crispación” de los comentarios que se encuentran en redes sociales acerca de la publicación de El País; en cuanto ese órgano no expresa opinión favorable a los resultados de la encuesta de Latinobarómetro en cuestión.

Conviene entender que tal “primitivismo y crispación” se opone a los procedimientos que desarrolla el periodismo de masas, es decir, aquel que se ha considerado históricamente “el 4o poder”, asimilado por consiguiente, a la clásica división histórica de los poderes del Estado. El estrato periodístico del poder se ha visto desafiado, desde el desarrollo de las redes sociales, por una capacidad de “autoconvocatoria”, que ha conducido a los eventos de rebeldía masiva y “estallidos sociales”que reseñábamos anteriormente.

El desarrollo de un campo mediático que se sostiene en la propia incorporación tecnológica de las comunidades, no sólo desafía al “4o. Poder” en la irradiación comunitaria, sino que además configura un campo diferenciado de actividad pública y de incidencia en el presente de las sociedades. Su razón de ser no es informar de un contexto uniforme y normalizado por determinado tratamiento de la información (sin entrar aquí en el farragoso debate sobre la “objetividad” del periodismo), sino expresar la opinión propia y singular de quienes se vinculan entre sí por afinidades selectivas. Por esa razón, las redes desarticulan las estrategias de “agenda setting”, es decir, los procedimientos periodísticos que deciden “a futuro” que se va a publicar o no. Tales estrategias pueden llegar a “programar” la desaparición de estallidos sociales como el de Colombia (periodísticamente sumergido de improviso) o darle al proceso chileno actual, lugar de noticia subalterna y derivada. Conviene recordar que Mujica ha sido una “producción” de la “agenda setting” internacional (inclusive se lo encuentra en Netflix).

El silencio con el que cierta prensa ha tratado la criminalización de la protesta ha generado un criterio que hemos sostenido como clave en este período histórico pautado por la incidencia de los medios tecnológicos de la comunicación: la criminalización mediática de la crítica. Quizás formen parte de esa índole de criminalización bajo la modalidad del silencio, tanto la sucesión de pocos días, entre la condena por hechos ocurridos hace ocho años y la iniciativa de prisión domiciliaria para los detenidos por crímenes de lesa Humanidad,¹³ como el agravamiento de las penas para la resistencia civil que contiene la LUC.