Mujica-Topolansky: Votar lo que parezco y Botar lo que soy (o viceversa)

2a. quincena, diciembre 2024

Entre paradojas se distingue mejor

La avalancha de declaraciones de condena que siguió a la denuncia (sin nombre de acusado/a) de Lucía Topolansky en favor de militares imputados de crímenes de lesa Humanidad, auspicia la repetición de interpretaciones de vuelo gallináceo: tanto subrayar lo disparatado del propósito (que lo diluye en significación efectiva), como señalar la complicidad con los sentenciados (la confesión de parte exime de interpretación).¹ Hemos asistido, bajo excusa de “sabiduría popular”, una y otra vez a la disimulación mediática de los exabruptos de Mujica,² mientras suscribe con talante sentencioso la teoría de “los dos satanes” (enfrentamiento entre guerrilleros y militares), que justifica tanto el arrepentimiento ante las opciones del pasado como la peor secuela post-régimen cívico-militar.

Cualquiera de esas dos lecturas (la disculpa o la complicidad) reconduce, ahora por la vía del escándalo, al mismo punto del que provienen tanto la impunidad mediática (de la pareja) como la judicial de los imputados (que se intenta favorecer): el status quo del sistema político. Ese es el objetivo que persiguen sin cesar Mujica-Topolanky, tarea que acaba de presentar un capítulo novedoso: la existencia de falsas denuncias contra militares. Se trata de una paradoja estentórea, entre lo que proclaman explícitamente y lo que se les reprocha que opinen; plena de otras paradojas que conviene plantear, para no cerrar el círculo por la tangente que oficia de escape sistemático: la justificación republicana de un presente impresentable a través de la excusa oportunista de un pasado renegado.

1a. Paradoja: el presidente electo y la mitad de la bancada del Frente Amplio pertenecen al sector (MPP) de Mujica-Topolanski, dentro del mismo Frente Amplio que desautorizó a Topolansky³

Cierta esquizofrenia moral (siguiendo a Deleuze, la moral es normativa y la ética idiosincrática)⁴ surge del propio contexto interno del Frente Amplio. En la papeleta de votación del MPP (octubre 2024), el emblema visual estampaba el culto a la personalidad de Mujica, cuya efigie (en “banner” junto a la de Topolansky) no sólo se repite en una misma faz de la papeleta, sino que surge además como fondo visual, sobreimpresa entre la nómina de elegibles. Cierta apología tributada a la sencillez militante se troca ahora en bochorno, una vez puesta en duda la reivindicación de las víctimas por quienes supuestamente encarnaban el mismo ultraje. La condena explícita que se les dirige desde el Partido por la Victoria del Pueblo, sector del Frente Amplio que sufriera durante el mismo período totalitario la represión, e incluso fuera diezmado en sus cuadros, permite calibrar la disociación entre el relato frenteamplista y las declaraciones de Mujica-Topolansky.⁵ La paradoja político-moral es aún más amplia (valga la redundancia de “Frente Amplio”), si se tiene en cuenta que esta posición de la pareja ex-presidencial (Topolansky presidió la Asamblea General) está lejos de manifestarse por primera vez.

En efecto, ya desde antes que el Frente Amplio llegara al gobierno (en 2005) el MPP defendió, a través de Eleuterio Fernández, la opción de “olvido y perdón” (cuando todavía estaba en vigor una ley de “Punto Final”, vigente hasta 2011).⁶ La flagrante agresión a las creencias que se invoca (y convoca), se escamoteó bajo el velo de un relato de pura cepa cristiana: la renuncia a la frivolidad mundana (en versión de militancia/humildad) nos hace necesariamente mejores (y fatalmente “buenos”). De ahí a la impostura mediática que rinde dividendos electorales y repercusión internacional, sólo falta dar un paso: quizás lo dió “el presidente más pobre del mundo”. No es sólo la responsabilidad del líder (apoyado ad hoc por un aparato de producción editorial y cinematográfico), sino sobre todo el efecto de una adhesión cargada de cargos, facilitados por el adocenamiento ideológico y la fascinación redundante del Estado (“para cambiar la realidad”). Ante un contexto además, donde el Estado es el recurso estratégico de Milei (que se define “topo de Estado”), de Trump, de Bolsonaro y tutti cuanti.

2a. Paradoja: genera escándalo público que Topolansky-Mujica lleven a cabo lo que predicaron enfáticamente durante la última y reciente campaña electoral: la “unión” inter-partidaria

El horizonte no es promisorio para los sistemas de partidos en régimen republicano: se llenó de “outsiders” (Milei, Bolsonaro), de emergentes (Boric, Petro), de estallidos sociales y redes mediáticas, de identidades diversamente reivindicativas (de género, indigenistas, etc.), aumenta abismalmente la desigualdad y los empresarios desafían a los presidentes (Musk a Lula). El mundo ha dejado de ser multilateral y pasó a ser multipolar, con confrontaciones estratégicas diversas que reconfiguran el mapa geopolítico y convierten la cooperación en subordinación. Se asiste a masacres que se repudian en los afiches que convocan a manifestar contra el genocidio, pero se callan por motivos electorales cuando conviene no decir nada institucionalmente.⁷

El pavor institucional azota cualquier poltrona acomodaticia: incluso en Uruguay los economistas mainstream tienen que hacer salidas contra sitiadores plebiscitarios.⁸ Ante tales y tantas amenazas que sufre el horizonte de los partidos (presentadas como “amenazas a la democracia” o incluso “peligro de nuevas derechas”), Mujica no encontró mejor edulcorante electoral que el abrazo con (cualquier) otro partido, leit-motiv explícito de la campaña de Orsi: “unir”⁹ (es decir, entre representantes electos, que agotan en hemiciclos parlamentarios todo lo que quiere decir “el país”).

Sabido es que los partidos mayoritarios en la “Coalición Republicana” instalaron, durante el período pachequista (entre 1968 y 1972) sin pausa relevante las Medidas prontas de Seguridad, que votaron una "Declaración de Estado de Guerra Interna" (inconstitucional) y poco después una Ley de Seguridad del Estado (en la senda del Tío Sam), que luego nutrieron de sus filas el personal civil del régimen totalitario y entre sus efectivos figura gente tan conspicua como Sanguinetti (el “padre de la impunidad”) o Manini Ríos (del “partido militar”). Estos protagonistas de un “pasado reciente” van a encontrar un premio largamente anhelado en la evacuación de la responsabilidad histórica que les cabe en la represión (incluso por denegación del pasado desde el presente). Mujica-Topolansky (más allá de circunstancias personales, que no hacen a lo gravitante) quieren darles lo que piden, ya que todos fuimos culpables: ahí están los denunciantes mendaces.

3a. Paradoja: la lucha contra la impunidad surge como efecto de un conflicto político, sin embargo, el detonante del repudio declarativo es de índole jurídica (las supuestas denuncias falsas).

El plebiscito constitucional de 1980 fue una gran victoria sobre el régimen totalitario. Pero sujeta a interpretaciones diversas. Las fuerzas que habían enfrentado al régimen y que sufrieran las desapariciones, las torturas, la prisión y el exilio, entendieron esa victoria como anuncio de logros mayores y trascendentes, en un período donde no había llegado al Uruguay la crisis de la perspectiva revolucionaria socialista (cuyo relato sostenía la progresión histórica a partir de la “revolución democrática”). Desde aquel horizonte de lectura se podía esperar, por la misma vía de consulta popular que fuera exitosa en 1980, la derogación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, es decir, la versión uruguaya de la ley de “Punto Final”.

Sin embargo, las mayorías no habían votado en 1980 la caída del régimen para sustituirlo en avance alternativo (ni siquiera hacia una “democracia avanzada”). Había triunfado ante todo una versión de la democracia de corte republicano, es decir, aquella formación de reproducción electoral que habilitaba libertades desiguales, pero efectivas en la memoria colectiva. Fue con ese registro que creció la oposición a los gobiernos de los partidos tradicionales, en una clave liberal tradicional para el país, que ganó incluso a las formaciones académicas post-dictadura.

El fracaso electoral del referéndum contra la ley de Punto Final en 1989, significó un duro golpe para la esperanza de reeditar el efecto político del plebiscito de 1980. Pese a ese revés que cuestionaba las perspectivas históricas de fines de los años 1980, el movimiento por los DDHH fue creciendo gracias a un esfuerzo ético enorme de las víctimas (incluyendo a sus familiares), acrecentado paulatinamente por las Marchas del Silencio, cada 20 de mayo. Asimismo, la vía que se adoptó fue la seguida por el conjunto de la oposición política: encontrar en los espacios institucionales de Estado los ámbitos propicios a logros reivindicativos, estrategia que vino a ser reforzada por las derrotas de los referéndums para derogar la versión uruguaya del “punto final” (1989 y 2009).

Desde entonces se esperaba que la “llegada de la izquierda al gobierno” habilitara política y finalmente una solución institucional. Lo que sucedió fue exactamente lo contrario y la esperanza, puesta particularmente en el gobierno presidido por Mujica, fue la que recibió el mayor mentís. Manini Ríos, ex-comandante en jefe de las FFAA, reivindicó expresamente la figura de Fernández Huidobro (ex-tupamaro), quien ocupara la cartera de defensa en el gobierno de Mujica.¹⁰

De ahí que tras un sinnúmero de frustraciones institucionales, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos abandonara la coordinación gubernamental en 2018.¹¹ Desde entonces el movimiento por los DDHH ha permanecido afincado en su propio ámbito de pertenencia, sin participación institucional de Estado. Exigiéndole a Lucía Topolansky “la retractación o el silencio”¹² se da un paso en el sentido de la intervención política no partidaria, en cuanto se emplaza definitivamente a una figura del sistema de partidos y por añadidura, del mismo Frente Amplio que dice sostener la lucha por “verdad y justicia”. No es necesario abandonar el campo de la comunidad para ganar en significación política. Las declaraciones de la ex-vicepresidenta confirman, por el clamor del repudio que recibió, el vigor de la crítica contra-gubernamental, un rumbo que se afirma paso a paso desde el último lustro.

El “eterno retorno” de los tupamaros

Parece razonable afirmar que el impacto “antidenunciantes” de las declaraciones de Lucía Topolansky proviene menos de lo que dice que del lugar desde donde lo sostiene. Todo lugar corresponde, para una perspectiva discursiva, a un enunciado en su significación contextualizada y no a la condición empírica de una persona o cosa. Por consiguiente, tampoco puede reducirse la significación sobreabundante de un lugar a una índole institucional, tal como en la declaración de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, se vincula el lugar de Topolansky a un cargo de gobierno en el Estado. De inmediato surge por contraposición virtual, que pronunciada desde otro lugar igualmente institucional (por ejemplo, parlamentario), pero desprovisto de análoga reputación histórica, la misma declaración no hubiera revestido un alcance comparable.

El lugar desde el que habla Topolansky es el mismo que ha protagonizado Mujica: ex-tupamaro pasado al campo de todo lo que los tupamaros habían cuestionado. De ahí el recurso a Winston Churchill en su famosa frase: “La democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás”. La igualdad no aparece en estos dichos, sino en línea paralela y subordinada a la “libertad”, en un sentido tan igualitario como inconsistente: “hacer que la gente viva un poco mejor”.¹³

La identificación de Mujica-Topolansky con la democracia representativa representa la denegación de todo lo que sostuvieron los tupamaros (en cuanto emprendieron una insurrección armada que incluso el Che Guevara desaconsejaba para Uruguay). Esa condena dirigida contra los tupamaros cuenta con la convalidación de la autenticidad (fueron tupamaros) redoblada por la convicción (reniegan de haberlo sido). El valor agregado que dan Topolansky-Mujica a la denuncia de la falsedad de las denuncias, consiste en que hubieran podido (y en calidad de “tupamaros”, debido) estar en el lugar de los denunciantes que (ahora) denuncian. Se trata de una paradójica “negación de la negación” que en vez del sentido histórico de la superación hegeliana y marxista (la tesis es negada por la antítesis y las dos a su vez, por la síntesis), restaura un pasado que sigue siendo mejor que todo cuestionamiento (incluso el que protagonizaron como tupamaros), pero deniega en primer lugar y estratégicamente, de todo cuestionamiento del presente.

Sin embargo, en ese punto reside precisamente el talón de Aquiles de esa “denuncia de las denuncias” y la razón de la avalancha de condenas que recibió: ¿qué significa al presente ser “tupamaro” o haberlo sido? En términos de la coyuntura actual, nada, porque no sólo la circunstancia mundial y nacional es significativamente otra (incluso ese “fracaso” tupamaro justifica el "arrepentimiento" de Mujica), sino que además la acusación de “tupamaro” aparece gobernada por el significado “estar contra la democracia”, lo que se traduce en la jerga declarativo-mediática por “estar contra el sistema institucional”.

El “eterno retorno” de los tupamaros ingresa, por cierta “astucia de la historia”, a través de la misma inactualidad-carente-de-vigencia de “estar contra el sistema institucional”. Esa inactualidad comprende a todo aquel que no comprenda actualmente porqué tal “sistema” es cada vez más desigual económicamente, marginal socialmente, escolar y licealmente desertado, ruralmente despoblado y demográficamente regresivo. El “eterno retorno” de la inactualidad tupamara acontece a través del 66% de los electores que no votaron en la elecciones internas de los partidos políticos, del 40% que votó contra mantener la ley de Seguridad Social, del 70% de los frenteamplistas que votaron a favor del plebiscito que la derogaba. En un país donde desde hace tres años se registran más decesos que nacimientos, que presenta el mayor número de presos en relación a la población del Cono Sur de América Latina y donde la tasa de suicidios duplica la media del continente.

La característica histórica del MLN-Tupamaros, incluso la que lo diferencia en la región, estribó en no sostener una definición partidaria que se integrara en un corpus ideológico determinado.¹⁴ De ahí que se acuñara la expresión “luchador social” para definir a muchos de sus militantes. La vinculación entre “tupamaro” y “luchador social”¹⁵ adquiere hoy particular relieve, ante un contexto crecientemente pautado desde los márgenes del común ciudadano, por fuera del régimen democrático-republicano de partidos.