“Grieta” implosiva en el Uruguay

1a. quincena, mayo 2024

“La grieta” era otra

Durante años las orejas públicas desbordaron, en el Uruguay, de un discurso almibarado contra la “grieta”. Nosotros no somos como los argentinos, se nos decía. Lacalle, Mujica y Sanguinetti posan y viajan juntos, un presidente de la coalición derrotada electoralmente le pasa afablemente el mando a otro de la coalición triunfante, encontrándose entre sí como antiguos camaradas de armas. Democracia es las buenas maneras, recitar la norma legislativa y no preguntar(se) demasiado el porqué de la creciente marginalidad. ¿Acaso no se sabe que el “violentismo” nos trajo, en los años 60’, la dictadura?

La identificación entre democracia y régimen republicano fue el eje de un discurso tan cretino como obsoleto, mientras crecían en el horizonte Le Pen, Trump, Meloni, Orban, Bolsonaro, Milei y tutti cuanti, tomando vuelo hacia los mismos cielos normativos del “mejor sistema posible”. El mundo nos acunaba en el “grado inversor” que nos obsequiaban algunos Reyes Magos: OCDE-FMI-BM. Como villancico de Navidad cundía la conexión a Netflix, donde más de un comentarista perlaba de moral social “La sociedad de la nieve”, aunque no por primera vez desde la pandemia.¹ Cundía sin freno este cuento de hadas para consumo autocomplaciente, al tiempo que el último censo corroboraba que la marginalidad no ha dejado de crecer.² No sólo desde las últimas elecciones, sino incluso durante los períodos en que gobernó “la izquierda”.

Tanta excelencia moral no podía generar sino una legislación institucionalmente irreprochable. Quizás por eso una amplia mayoría del espectro partidario se opuso al Plebiscito que modifica el régimen de seguridad social aprobado por ley bajo esta legislatura. No tan sólo la Coalición Multicolor actualmente en el gobierno con neta orientación neoliberal, sino incluso un sector mayoritario del Frente Amplio (MPP, Seregnistas, Vertiente Artiguista)³ también hizo campaña contra plebiscitar otro régimen para las jubilaciones y pensiones. El “eje del mal” a aniquilar consta de una enmienda constitucional que no aumenta la edad límite para jubilarse, iguala el monto mínimo de jubilación al salario mínimo nacional y sobre todo, elimina el “ahorro previsional” que los trabajadores deben entregar a empresas financieras denominadas “AFAP” (Administradora de Fondos de Ahorro Previsional). El impulso a la recolección de firmas finalmente se logró desde la Central (única en el Uruguay) de Trabajadores, aunque por estrecho margen de votos.⁴

Pese a la oposición de los sectores mayoritarios del Frente Amplio⁵ y lo estrecho de la mayoría sindical que la apoyó, la suma de firmas a favor de plebiscitar un agregado al texto constitucional alcanzó algo más de 430.000 papeletas, mientras no se necesitaban para hacer efectiva la consulta plebiscitaria sino 270.000 (un 10% del padrón electoral). El sobrado margen de firmas que se alcanzó puso de relieve, además del logro de llevar una consulta a la ciudadanía, un sobreponerse desde abajo a una presión que se ejercía, en sentido contrario, desde una gran mayoría de ámbitos de poder.

Contrariando la “mala prensa” abrumadoramente mayoritaria entre los “formadores de opinión” (periodistas y académicos), un movimiento tan extendido como difuso se puso al margen de la beatífica regla republicana: la “grieta” no amenazaba, en el caso del Uruguay, los buenos modos entre figuras públicas, sino la verosimilitud de cierta sensatez tan prestigiosa como adocenada. La movilización de una base desairada encontró muchas tiendas y tribunas en contra,⁶ pero incluso contra los vaticinios de inminente apocalipsis financiero, sumó un número desbordante de papeletas firmadas.

No es “el Estado dentro del Estado”, sino un plebiscito tras otro

La significación de la expresión “Estado dentro del Estado” designa una aglutinación de voluntades con gravitación suficiente para manipular el vector estatal, aunque formalmente se encuentre supeditada a la misma institución que lograr digitar. Un poder entre bambalinas es lo más opuesto a una campaña de recolección de firmas, destinada a reunir un porcentaje suficiente con relación al padrón electoral, que habilite a su vez en la fecha de comicios nacionales, el voto por una reforma constitucional. El afán que en los últimos tiempos manifiestan las más disímiles organizaciones uruguayas (partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales, grupos autoconvocados), en impulsar plebiscitos mediante la recolección de firmas o incluso mediante el voto a favor de dos quintos de la Asamblea General,⁷ señala a todas luces que el designio de influir en un gobierno “desde adentro” declina ostensiblemente.

La operativa estatal pierde proyección estratégica, en cuanto la integración orgánica en el plano interno y nacional se opone, por su propia racionalidad constitutiva, a una globalización que requiere la integración mundial y el primado de una gobernanza tecnológica en cada contexto-país. Disminuye exponencialmente, por consiguiente, la posibilidad de tomar medidas propias a la racionalidad interna de un país, forzosamente contrapuesta al mundialismo, que trasciende la escala de cada país y sobre todo, una escala como la del Uruguay. Asimismo, conviene entender la crisis del Estado-nación como un efecto derivado de la propia expansión de las empresas transnacionales, ya que las últimas se sirven de los propios acuerdos internacionales, como lo señaló Chomsky en oportunidad de su visita al Uruguay, para tejer una red que perfora incluso las economías nacionales de las que esas empresas provienen.⁸

El ejemplo más firme respecto al poder empresarial transnacional y su dictado por sobre los estados-nación, lo aportaron los presidentes rioplatenses firmando contratos secretos con los laboratorios que producían las vacunas anti-Covid19. A partir de este punto, no tiene sentido aclarar si tales gobiernos eran “de derecha o de izquierda”, porque obviamente la condición geopolítica de la “izquierda” o de la “derecha” (siempre y cuando se persistiera analíticamente en el empleo de esos términos) en China o en EEUU, no guarda correlación significativa con el proceso interno (por ejemplo) del Uruguay. Paradójicamente, la propia condición soberana del Estado-nación lo somete a la jurisdicción mundial, en cuyo contexto no existe alternativa a la globalización, ni menos, a partir de una diferenciación “izquierda/derecha” en función de una proyección mundialista.

Conviene considerar asimismo, que una de las tres variables que intervienen en la evaluación del “grado inversor”, determinante en el endeudamiento internacional y su costo, es la “libertad de prensa”.⁹ Es decir, el plano cultural, intelectual y educativo es un componente tan decisivo como el estrictamente económico, aunque más sutil y por lo tanto, más peligroso. Ahí están las “pruebas Pisa” para confirmar que se puede evaluar a al estudiantado uruguayo con los mismos raseros que al surcoreano.

Las ataduras que inciden para impedir el desarrollo orgánico-interno de un (todo) país conllevan, en el caso del Uruguay, dos consecuencias: a) los sectores autoconvocados o relativamente independientes de las estructuras partidarias los inician por su cuenta b) los propios partidos políticos toman el camino plebiscitario, procurando lograr objetivos bloqueados por alianzas fallidas. Esto explica que entre 2023 e inicios de este año, se hayan sumado 6 iniciativas plebiscitarias sobre los tópicos más diversos.¹⁰

Uruguay: no es “estallido social” sino “implosión institucional”

La característica “hiperintegrada” del Uruguay en el plano educativo, político e institucional, con señalado predominio partidocrático de las estructuras de poder interno, determina que la resistencia a la globalización no se exprese desde los márgenes, sino desde el propio campo organizacional de la comunidad. La “desobediencia institucional” que se manifestó en el cuestionamiento (exitoso por exiguo margen dentro del propio movimiento sindical) a la ley de seguridad social aprobada por la “Coalición Multicolor” (iniciativa política no cuestionada in totum por el Frente Amplio), tiene como antecedente el reférendum contra la LUC (ley de urgente consideración), que también tuvo al movimiento social como protagonista decisivo, ante una notoria reticencia de la mayoría del Frente Amplio.

Quizás un emergente inesperado de esta “implosión institucional” surja de la propia coyuntura internacional. Sobre todo si se coteja la convocatoria de más de 100 organizaciones (partidarias, universitarias, sindicales, sociales)¹¹ a movilizaciones por “alto al fuego” y condena del genocidio del pueblo palestino, con el silencio e incluso la neutralidad, de las propias instituciones (que en algunos casos integran quienes convocan), cuando se trata de intervenir consecuentemente desde las estructuras de Estado.¹² El incremento de la brecha entre la demanda política mayoritaria y la obediencia mundialista de las gobernanzas tecnológicas vernáculas (particularmente, aunque no tan sólo, económicas) parece conducir, en el caso del Uruguay, hacia un horizonte de episodios implosivos de los aparatos (ideológicos) de Estado.