El último plebiscito

1a. quincena, abril 2024

Una cascada de “iniciativas ciudadanas”

Hoenir Sarthou ha afirmado, en un artículo publicado a mediados del año pasado, que la proliferación de propuestas plebiscitarias (cuatro al momento en que escribía Sarthou, en total seis desde entonces) adquiere el significado de un fracaso del sistema de partidos.¹ Lo propio de la actividad legislativa y gubernamental consiste, en efecto, en promover iniciativas que traduzcan en leyes las pautas nacionales. Inversamente, una “iniciativa ciudadana” surgida en calidad de recurso popular, bajo forma de “referendum” (para derogar una ley) o de “plebiscito” (para reformar la constitución), manifiesta que un sector de la población ha dejado de dar pábulo al gobierno y la legislatura, ya sea en ejercicio o de inminente elección, para impulsar desde la base ciudadana una reivindicación.

En la coyuntura actual podrían llegar a presentarse seis plebiscitos (si alcanzan los 2/5 de los votos de la Asamblea General, o recogen el 10% de las firmas del padrón electoral), situación que sólo tiene como antecedente los comicios de 1966, aunque entonces los cuatro proyectos en cotejo guardaban relación con un mismo objetivo (la reforma de la constitución con el objeto de pasar de un régimen colegiado a un régimen presidencial unipersonal). En el caso que nos ocupa este año, los plebiscitos tienen por objeto asuntos tan disímiles entre sí como habilitar los allanamientos nocturnos, modificar el régimen de seguridad social, regular constitucionalmente la usura, la modalidad de designación del fiscal de corte, la aprobación legislativa por mayorías especiales de contratos con el extranjero y ahora, un reglamento de acceso de los funcionarios a los cargos públicos en las distintas intendencias departamentales (Uruguay cuenta con 19 departamentos).

Este último propósito plebiscitario presenta características singulares, en cuanto tras haber fracasado la votación parlamentaria que debía sancionarlo, un sector del Partido Colorado (Ciudadanos) ha optado por la alternativa de una reforma constitucional.² La decisión parece obedecer tanto a una reacción ante el fracaso parlamentario (no se llegó a los votos necesarios para aprobar la ley), como a la percepción de una opinión favorable entre la población, aunque carente de mayorías partidarias auspiciosas, incluso ante la inminencia de las próximas elecciones nacionales (octubre 2024).³

La iniciativa de Ciudadanos alcanza relieve de renuncia histórica, en cuanto proviene del Partido que ocupó el gobierno entre 1865 y 1959 y asimismo, en cuatro períodos (20 años) con posterioridad a 1967 (más allá de haber participado, por algunos de sus sectores, en la gestación del golpe de Estado y la gestión del régimen totalitario que le siguió, entre 1973 y 1985). Actualmente pautado por una muy significativa disminución del caudal electoral propio (12% en las últimas elecciones) el partido con mayor experiencia de gobierno estatal en el Uruguay parece ingresar, al menos por algunos de sus sectores, en la vía de una movilización ciudadana alejada de las estructura del mismo Estado que gobernara históricamente.

El soberano imita al ciudadano

La famosa frase de Oscar Wilde “La vida imita al arte” trastocaba los roles respectivos de la vida y del arte. Se alteraba no sólo la significación de cada uno de los dos términos, sino también el vínculo que los unía. Quizás venía a ser puesta en cuestión la vida entendida al margen del arte, en cuanto según Wilde, la propia vida pasaba a conjugarse a través de la actividad creadora del arte. Una reversión análoga ocurre con el vínculo entre soberanía y ciudadanía, cuando el ciudadano deja de referirse a la soberanía en tanto que “principio único e indivisible del poder”.⁴ Desde entonces se pasa a concebir el poder en tanto que efecto de una diseminación del “principio soberano” entre la población.

Tal “principio único e indivisible del poder” no podría llegar a ejercerse entre un conjunto masivo y multiforme de individuos, sin ser capaz de asegurar la mediación entre el poder y sus destinatarios, así como, por vía de consecuencia derivada, entre el conjunto multiforme de los ciudadanos. La misma mediación interviene, bajo modalidad inversa, cuando se requiere la participación de un particular (por ejemplo, en calidad de mero ciudadano-elector). La concepción de un cuerpo social con partes tan diferenciadas como articuladas entre sí, supone cierta “mediación del poder” que habilita por igual (y por desigualdad de lugares) la diferenciación y la articulación.

Este vínculo de mediación requerido por el propio ejercicio de la soberanía, también declina en sus modos, según el devenir histórico de la soberanía (la soberanía por derecho divino, la soberanía popular, la soberanía jurídica internacional, etc.). Conviene considerar la condición soberana a partir de la mediación que la habilita por reversibilidad del vínculo (con relación a un vasallo, a un ciudadano, a un refugiado o exiliado, a un consumidor, etc.),⁵ es decir, el ejercicio que Foucault denominó “gubernamentalidad”, tanto desde el lugar del soberano como desde el lugar del particular, en cuanto participan (por mediación entre lugares desiguales) de determinado régimen de soberanía.

Como efecto del devenir interno y externo a las comunidades, la relación entre soberanía y mediación se modifica permanentemente, tanto sus términos como su modulación interna. A la par que la transformación de esa modulación, se transforma la condición propia de los individuos (si se quiere, “subjetiva”, siempre y cuando no se la clausure en un “fuero interior”), es decir, lo que denominamos “sensibilidad”. El más comentado de estos procesos surgió con la invención de la imprenta, que habilitó la Enciclopedia, sistema de mediación letrada que sostuvo la Ilustración y llevó a su vez, a la revolución democrática. Incluso en el caso de la Provincia Oriental, la instalación de la imprenta por parte de los invasores ingleses (1a. década del siglo XIX), ha sido considerada uno de los antecedentes de la revolución independentista, entre nosotros, de claro cuño democrático-republicano.

La mediación tecnológica genera hipersensibilidad ante la soberanía

Tradicionalmente, la teoría de la comunicación que se inicia con los medios masivos, particularmente la radio y la televisión, favoreció el análisis de la emisión por sobre el estudio de la recepción. El advenimiento de los “nuevos medios” con su creciente condición interactiva, ha llevado a evaluar la transformación que supone, a través de plataformas, sitios webs , blogs y redes grupales, la multiplicación de lugares desde los que se ejerce la emisión. La generalización comunitaria de una facultad interactiva (cada quien es emisor-receptor de mensajes), habilita asimismo la diferenciación entre sí de las distintas emisiones. Al permitir la participación diferenciada, la interactividad también pone de relieve el papel de la recepción, que registra los mensajes según la sensibilidad de cada destinatario.

La proliferación de “nuevos medios” y su convergencia, desde la televisión satelital de los años 1980 al celular con conexión, pasando por el computador personal, también promovió la segmentación de los públicos, que aumenta a la par de la convergencia tecnológica entre medios, que se articulan entre sí sin excluirse (el celular con conexión habilita incluso el acceso al cine en plataformas, a la radio, etc.). Un usuario puede, por lo tanto, establecer a partir de un mismo artefacto, no sólo su preferencia por un medio, sino incluso, por una comunidad en particular. Un caso notorio es el de redes (como Tiktok) que son seguidas casi exclusivamente por una franja etaria entre el conjunto de la población. Quienes acceden a una sensibilidad singular a través de un campo de mediación, en razón de una segmentación de los públicos en constante aumento, son llevados a registrar cierta condición soberana a partir de la mediación en la que participan.

Se ha intentado manipular esa diferenciación de sensibilidades en favor de un registro estatal de la soberanía, en cuanto los candidatos son “perfilados” siguiendo las preferencias de públicos segmentados.⁶ Según reza el proverbio “el remedio puede ser peor que la enfermedad”, en cuanto desde los años 1990 se ha hecho patente el fracaso mediático de la legitimidad electoral, en razón del descrédito en que caía, tan sólo unos meses después de ser electo, un mandatario ante la difusión masiva de encuestas de opinión pública desfavorables.⁷

Cuando el poder no existe

Tomando el sentido contrario a la apreciación de Baudrillard “(...el secreto de los grandes políticos fue saber que el poder no existe”⁸ el conjunto de las expresiones partidarias y de los “formadores de opinión” del Uruguay han tomado un partido (valga la redundancia) contrario a la proliferación de “iniciativas ciudadanas”. Algunos de los cuestionamientos se oponen a incluir en la Constitución normas de contenido singular y transitorio, que debieran ser objeto de simples proyectos de ley, revocables a su vez periódicamente.⁹ Esta objeción contiene una “letra chica” escondida en el enunciado: “hagan confianza y esperen al próximo período parlamentario” (febrero 2025). Cierta petición de principio (republicano-electoral) requiere, de quienes entienden inaplazable “ponerse al hombro” una transformación que consideran urgente o incluso largamente postergada, que extiendan un cheque en blanco a un futuro legislativo contingente.

Otra objeción manida afirma que la profusión de “papeletas de plebiscito” puede confundir al votante. Este argumento ilustra acerca del discernimiento electoral que se le adjudica al elector. Pervive en el recaudo hacia el votante “confundido por demasiadas hojas”, el concepto del “voto calificado”, que excluía del padrón electoral a los analfabetos. Probablemente el voto ensobrado en octubre próximo, contenga en más casos de lo esperado, una papeleta de plebiscito y ninguna lista partidaria.

Este plebiscito será el último, no sólo en cuanto cierra el período de propuestas plebiscitarias a votar en octubre próximo, sino ante todo, en cuanto este cierre también señala el inicio de un período en el cual los plebiscitos y referendums no enmiendan el ejercicio del poder público, sino que se suman a un creciente cuestionamiento efectivo del régimen institucional del Uruguay.