Allanamiento de un medio de prensa: la transparencia republicana en mal de deconstrucción

Una celebración en segundo plano

El sábado pasado, 5 de febrero, el Frente Amplio celebró el 51 aniversario de su fundación. La celebración coincidió con la toma de posesión del presidente de la organización, que entra en funciones. Los dos eventos parecían en lo previo poder concitar amplia repercusión, tanto en razón de la agenda informativa veraniega, habitualmente alicaída, como por la elección de un presidente que no provenía del ámbito partidario, sino del campo sindical. La elección de Fernando Pereira para presidir el Frente Amplio, notoriamente motivada por la primera línea que ocupó en la recolección de firmas que llevó exitosamente al referéndum contra la LUC (ley-madre del actual gobierno de signo neoliberal), concitó un significativo aumento de la votación, con relación a los últimos comicios internos de esa coalición.

Pese a contar inicialmente con un contexto tan auspicioso para la celebración y paso de mando en conjunto, tanto los titulares de la prensa como la facundia de los comentaristas estuvo ocupada por un suceso del que también participó el Frente Amplio, pero que terminó por opacar su propio aniversario, e incluso erosiona el perfil de esa fuerza política.

Las bancadas parlamentarias (senadores y diputados) del Frente Amplio presentaron una denuncia penal contra el periodista Ignacio Alvarez. La iniciativa se fundó en la difusión de información relativa a una denuncia de violación colectiva ("en manada") que presentó Alvarez en un programa periodístico bajo su conducción, en cuanto tal difusión infringe el artículo 92 de la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género (Ley 19.580).¹ La iniciativa adquiría además una significación relativa a la violación denunciada, que excedía al delito de difusión que se imputaba al periodista, tal como lo expresó la diputada impulsora de la iniciativa: «existió por parte del programa radial la voluntad de minimizar la violencia del hecho y sus consecuencias».²

La imputación de violación grupal a una mujer generó, a fines de enero pasado, una honda conmoción en la opinión pública, que dio lugar incluso a una manifestación masiva de "Feminismos y Disidencias" en el centro de Montevideo.³ Los audios que difundió Alvarez presentaban un cariz opuesto a las informaciones inicialmente difundidas, en cuanto confortaban la versión presentada por la defensa de los imputados, que alegaba una relación consentida. La difusión de los audios presuntamente registrados con participación de la denunciante venía a sumarse, por otro lado, al cuestionamiento de la información emitida inicialmente por los medios de comunicación e incluso de fuente judicial, en cuanto se reveló falso tanto que los imputados se hubieran negado a aportar muestras de ADN, como que el examen médico de la víctima hubiera arrojado señales somáticas de violación.⁴

En ese contexto por demás complejo, que asomaba a inicios del mes de febrero, la denuncia penal presentada por las bancadas legislativas del Frente Amplio contra un periodista adquiría ribetes sorprendentes:

a) La suma de firmas del conjunto de sus legisladores estampa el sello del Frente Amplio en la imputación penal a un periodista, signo partidario que sugiere fatalmente el propósito de disminuir a un adversario (más allá de que este propósito exista o no), en cuanto toda fuerza política es blanco "por definición" de la crítica periodística. Simultáneamente el fiscal de corte inició de oficio (es decir sin denuncia previa) una investigación de la actuación del periodista impugnado. La denuncia penal del Frente Amplio surge desde un lugar impropio, que además sobreabunda ante una gestión jurídica que podía emprenderse, como terminó por ocurrir, desde el propio ámbito judicial.

b) La diputada suplente impulsora de la iniciativa expresa (sin que a nuestro conocimiento haya sido desmentida por el FA ni otros firmantes hasta hoy), que el propósito de la misma incluye que se sumen firmas de la ciudadanía a las presentadas por las dos bancadas frenteamplistas.⁵ El Frente Amplio se colocaría, de cumplirse ese designio, al frente de una vasta columna social embanderada en los mismos objetivos que reivindican los movimientos feministas, espontáneamente movilizados ante una denuncia de violación ("en manada") de una mujer. En tiempos pautados por el protagonismo reivindicativo de movimientos sociales y sesgos de opinión pública autoconvocados, tal designio de "ponerse a la cabeza" de una movilización supra-partidaria parece, por parte de una organización partidaria, destinada a subordinar la natural pretensión pluri-partidaria de muchas expresiones reivindicativas.

c) Configura un tópico abordado ante la opinión pública, pero además desarrollado académicamente desde mediados de los años 90', el influjo de los climas mediáticos coyunturales sobre los fallos de justicia.⁶ En cuanto estos contextos surgen de la incidencia de los medios de comunicación, la repercusión pública que adquiere el pronunciamiento del mayor partido del país (el propio Frente Amplio) contra un periodista, no puede sino entenderse como una actuación contraria al mejor desarrollo de una (desde ya) complicada imparcialidad jurídica.

d) En cuanto una fuerza política dirigía una imputación ad hominen a un periodista (Ignacio Alvarez en este caso), más allá de las resultancias del conjunto de las actuaciones y de la propia imagen pública del denunciado, la significación y el éxito (antes en lo político que en lo jurídico) de la acusación quedaban por igual vinculados, en un todo, a la figura del imputado. Por esa razón, adoptar la decisión de una denuncia jurídica personalizada parece poco razonable por parte de una organización partidaria, en cuanto el destino de tal iniciativa queda sujeto a un conjunto de imponderables (particularmente en este caso, la actuación de la fiscal que ordena un allanamiento), como efectivamente terminó por suceder. Adoptando el temperamento de denuncia jurídica ad hominem y por añadidura a un periodista, el Frente Amplio corría el riesgo (por demás obvio) de convertir en víctima (y nada menos que de lesa libertad de prensa) a quien pretendía imputar como victimario.

El boomerang mediático

En las horas que siguieron a la denuncia penal frenteamplista contra Ignacio Alvarez, se conoció una declaración de la Comisión de Género de la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU), que recomendaba cautela y cuidado en las actuaciones periodísticas que involucraran cuestiones de género. Aunque la declaración de la Comisión de Género de APU revestía el carácter de una recomendación genérica, fue recibida como una posición tomada contra el periodista y podía por consiguiente, entenderse como un eco sumado a la denuncia penal presentada por el Frente Amplio.⁷ Sin embargo, la orden de allanamiento dictada por la fiscal Alfaro (que entiende en la investigación iniciada por el fiscal de Corte contra el periodista) emitida al día siguiente generó, inmediatamente después, tomas de posición en cascada contra lo que se entendió como un ataque a la libertad de prensa.

Tomaron posición contra la orden de allanamiento dictada por Mariana Alfaro, tanto el propio consejo directivo central de APU como el ex-relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza. Estas dos tomas de posición son particularmente significativas, en cuanto APU integra la central sindical PIT-CNT, que nuclea al movimiento sindical y cuyas posiciones suelen presentarse afines y en paralelo a las de la izquierda política y la Universidad de la República, conjunto que reúne lo más granado de la izquierda histórica del Uruguay. Parece por lo tanto razonable suponer que buena parte, sino la mayoría de los adherentes de APU simpatizan, al menos ideológicamente, con el Frente Amplio. La misma asociación de identidades cabe con relación a Edison Lanza, quien además ocupa el cargo (de "confianza política") de encargado de comunicaciones y relaciones institucionales de la Intendencia de Canelones, gobernada actualmente por el Frente Amplio.⁸

No sólo de neto cuño frenteamplista ha cundido el rechazo a los efectos, sobre la libertad de prensa, de una actuación jurídica patrocinada por el propio Frente Amplio, sino también de personalidades del ámbito jurídico como el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas⁹ y el ex-fiscal de Corte Jorge Díaz. La diversidad de voces de condena no podía ser más apabullante: también se sumaron la Asociación de Broadcasters del Uruguay (ANDEBU), además de miembros del gobierno.¹⁰

Universalidad de la ley republicana: la legalidad por mano propia

Tal como lo expresa el ex-fiscal Jorge Díaz, más allá de su opinión contraria a todo ataque a la libertad de prensa, en este caso la ley prescribe que la difusión de determinados contenidos queda prohibida (por el art. 92 de la Ley 19.580). Lo que está en juego no es por lo tanto, la universalidad de la legalidad (lo que dice la letra de la ley), sino la lectura que se hace de ella, es decir, el criterio de Nietzsche: "no hay hechos, solo interpretaciones". Cabe entender que, puesto en el lugar de la fiscal que sigue la investigación iniciada por el fiscal de Corte sobre la difusión de los registros, Díaz no hubiera ordenado el allanamiento por colidir con otra norma (Ley de Prensa), tan universal y letrada como la anterior. Finalmente, tanto el propio fiscal de Corte que inició la investigación por la emisión a cargo de Alvarez, como también la fiscal a cargo de la actuación, terminaron por rectificar el criterio que llevó a ordenar los allanamientos.¹¹

Podríamos incluso preguntarnos por la significación de "difundir", desde el punto de vista de la universalidad. Si difundir significa propalar (y no solamente dar inicio a la difusión), la mención en redes sociales del nombre de los jóvenes involucrados debiera al mismo tiempo ser perseguida (por ser "primarios"), así como la difusión de los mismos audios por esos medios, que también tuvo lugar. ¿Pero no difunde, asimismo, un medio que "difunde que se difundió"? Sin duda que sí, ya que al menos un medio (y seguramente muchos otros también) proporcionó el nombre del programa y la emisora donde se difundió (por esa vía quien escribe accedió a los registros de audios). La mano de la justicia debiera, si se acuerda la universalidad de la norma legal (Ley 19.580) a la letra, perseguir a todos los difusores y generar seguramente, cierto incremento en la abarrotada población carcelaria del Uruguay.

No existe universalidad, en efecto, que intervenga al margen del requisito de legitimidad que condiciona a la propia legalidad, de forma que el par universalidad-legalidad queda sujeto al escrutinio de los contextos donde adquiere pertinencia. Conviene al respecto recordar la pregunta de Derrida "¿Existe un concepto riguroso y científico de contexto?".¹²

Contra Derrida y etiquetando como "deconstruccionista" todo movimiento de "mujeres, inmigrantes, discriminados por raza, minorías homosexuales", tuvo lugar en la Sorbona con el liderazgo del actual ministro de Cultura de Francia, un Coloquio denominado "Después de la deconstrucción: reconstruir las ciencias y la cultura".¹³ El cuestionamiento que los "reconstructores" dirigen a todo lo que consideran reducido a escombros por el "deconstruccionismo", se opone ante todo a que "(...el lugar político sería un lugar de proyección de dominaciones de toda índole...)". Este drama partidocrático que nuestros parlamentarios uruguayos están lejos de sospechar, consiste según Jean-Michel Blanquer, en que incluso "hay una visión "woke"¹⁴ de la ecología y una visión republicana", ante lo cual, según los propósitos de Blanquer, debiera defenderse el universalismo, la razón y el humanismo.

El vínculo entre universalismo, republicanismo y sistema de partidos no puede ser más cristalino, sobre todo en términos legales, transparencia que el mal de la contextualización (léase: deconstrucción) no deja de opacar. Incluso cuando un partido político entiende que la universalidad republicana de la legalidad lo autoriza a encabezar luchas que desde ya cuentan con protagonismos propios. En la campaña para derogar la Ley de Urgente Consideración, tal como la impulsa actualmente la Comisión Nacional por el Sí, la definición política supra-partidaria cunde con brío. Es de esperar, por el bien del Sí contra la LUC, que siga por ese camino.