¿Fin del período electoral o auge de la caridad laica?

2a. quincena, mayo 2025

El revés de la trama republicana

Cuando llegaba a su cenit el entusiasmo con el “ejemplo cívico” que brinda al mundo el Uruguay, en razón del porcentaje de votantes que acudieron a las urnas (86% de voto obligatorio y penalizado) y mientras se sostenía la versión del (mismo) país como Arcadia Republicana, el Titanic socio-partidario encontró su iceberg. El relato del sistema de partidos blindado contra “la grieta” (sobre todo en versión argentina), que opone entre sí tanto a representantes partidarios como a responsables institucionales, mostró el revés de la solapa que ostenta el blasón republicano: una base electoral dispuesta a votar a candidatos marcados por graves episodios de corrupción.

El intendente de Artigas Pablo Caram fue condenado por no haber denunciado maniobras irregulares relacionadas con el pago de horas extras a funcionarios de la comuna. Valentina dos Santos fue condenada específicamente por ordenar el pago de horas extras (por 2.000.000 de dólares) a funcionarios de la Intendencia cuando no correspondía. El Partido Nacional, tomó, tras la renuncia del intendente Caram, la decisión de inhabilitar a Valentina dos Santos para presentarse en las elecciones departamentales, luego de que ella aceptara la responsabilidad en actos contrarios a la ley.

El candidato Emiliano Soravilla reivindicó explícitamente la gestión de Caram y asimismo anunció que designaría a dos Santos como su Secretaria General. Ganó, pese a esos antecedentes, las elecciones departamentales en Artigas, donde sumó más votos que el Frente Amplio en su conjunto (los partidos podían presentar hasta tres candidaturas). En total el Partido Nacional, del que formaban parte Caram y dos Santos, superó por casi un 20% de los votos emitidos, al Frente Amplio.¹

El intendente del departamento de Soriano, Guillermo Besozzi fue imputado por delitos de hurto del erario público, injerencia indebida en favor de particulares, exacción de recursos públicos en provecho propio, delito de omisión de denunciar delitos, delitos de abusos de funciones y delitos de soborno. La sede judicial lo obligó, hasta el juicio en que se dictará sentencia, al uso de tobillera y decretó prisión domiciliaria por 6 meses, que fue substituida días antes de las elecciones departamentales, por la obligación de pernoctar en el domicilio.

Pese al escándalo nacional provocado por los numerosos cargos imputados a Guillermo Besozzi, intendente saliente y actual intendente reelecto, los votos a su candidatura superaron a la suma de los sectores del Frente Amplio en su conjunto, al tiempo que el Partido Nacional triunfa sobre el Frente Amplio por casi 14% de los sufragios.²

El tercer caso de un imputado por corrupción reelecto es el de Carlos Albizu, presidente de la delegación uruguaya a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y candidato a la intendencia de Salto por la Coalición Republicana, que reúne a las fuerzas políticas desplazadas del gobierno nacional por el Frente Amplio. Albizu contrató a 36 militantes políticos, en una mayoría del Partido Nacional, en otros casos del Partido Colorado, sin mediar concursos públicos u otros mecanismos de selección basados en el mérito. Un aspecto particularmente cuestionado fue el nombramiento de personas que simultáneamente se desempeñaban como ediles (concejales) en la Junta Departamental de Salto. Las denuncias llevaron a interpelaciones ministeriales en el Parlamento, a la renuncia de Albizu y a la destitución de quienes se desempeñaban simultáneamente como ediles y miembros de la Comisión Técnica Mixta.

Carlos Albizu resultó electo con una diferencia de casi 15% de los votos emitidos, sumados en la Coalición Republicana, los sectores de la oposición al Frente Amplio en el gobierno nacional.³

¿Cómo explicar la adhesión popular a la corrupción?

El auge de partidos y de gobiernos de extrema derecha en Europa, así como el cuestionamiento de la racionalidad republicana de referencia internacional (particularmente, aquella pregonada por los organismos mundiales multilaterales), en los casos de Argentina, Brasil y Estados Unidos; manifiesta -con signos políticos diversos y contradictorios entre sí-, la desarticulación entre los reclamos de la base social y las consignas institucionales republicanas. Esta desarticulación afecta especialmente a los sistemas republicanos que trasuntan las expresiones históricas más consolidadas de la “forma Estado” (genuinas de Europa y las Américas), propias a un paradigma que ha cundido mundialmente, aunque con incorporaciones disímiles entre habitus de distinto registro histórico.

Uruguay se caracteriza, en ese contexto mundial, por el papel protagónico del Estado en la configuración de las condiciones nacionales de desarrollo, tanto en el plano histórico como al presente, en particular a través del peso de las empresas públicas en la economía nacional y del fomento de la inversión extranjera. Este rol del Estado no alcanza, sin embargo, a paliar las progresivas condiciones de empobrecimiento y marginalización de grandes sectores de la población. El último registro de sectores por debajo del nivel de pobreza alcanza al 17% de la población, mientras entre los niños menores de 6 años, el sector por debajo de la línea de pobreza llega al 32%.4 Asimismo, se estima entre 250.000 y 300.000 (sobre un total de 3.400.000) el número de personas que habitan en viviendas precarias.5

En razón de la debilidad industrial del empresariado vernáculo, la condición de tomador de precios del país en el plano internacional e incluso la menguada economía de escala, siempre bajo la amenaza de los mejores precios relativos del entorno brasileño y argentino, el sistema de partidos se erige en protagonista impar de la compensación económica y social. Este rol no lo puede cumplir sino muy parcialmente en Montevideo y Canelones, donde la cuantía numérica de la población, la circulación en grandes espacios y la diversificación de los vínculos, dificulta el seguimiento y contacto con el conjunto de la población. Por el contrario, la población promedio de los departamentos del interior del Uruguay, a excepción de Canelones, es de aproximadamente 93.385 personas. La mayor es la de Colonia: 135.797, mientras la menor es la de Flores: 26.271. En esa escala de dimensiones propia al “país no metropolitano” se habilita, a través de la división de los departamentos en municipios (en promedio, existen 5,17 municipios por departamento a excepción de Montevideo y Canelones), el seguimiento y control de la población postergada económica y socialmente, asimismo, la más influenciable en términos de adhesiones electorales.

A lo anterior deben sumarse elementos endógenos y exógenos al Uruguay, que conviene ahora y por la extensión propia a una actualización de blog, mencionar a grandes rasgos: el descaecimiento ético (ethos: carácter y costumbres de un pueblo) que ha significado la impunidad, todavía ingente, de los responsables de las violaciones de los DDHH, que ha perforado el propio rol supuestamente republicano del sistema de partidos y muy particularmente, del Frente Amplio. En segundo lugar, la erosión de las pertenencias colectivas en razón de la segmentación de públicos, como producto desde los años 1960 de los medios masivos de comunicación, pero particularmente acelerado desde este siglo, con el desarrollo de redes que habilitan la mediación interactiva. En tercer lugar,  la estrategia seguida por el sistema de partidos para lograr un mayor control sobre la población, favorecido por un período electoral de una duración de un año, 1 sobre cinco del período de gobierno. A lo que se suma la división, desde 1999 entre elecciones nacionales por un lado, departamentales y municipales por el otro, que debilita la pertenencia ideológica y favorece la manipulación electoral.

El clientelismo que se promueve entre sectores desfavorecidos de la población habilita la confusión entre la caridad política y el bienestar público, que se traduce en un aquelarre político e ideológico, gracias a cuyas estrategias, el Frente Amplio resulta vencedor tanto en la 1a. vuelta electoral como en el balotaje presidencial, en los mismos departamentos en que es derrotado en las departamentales (San José, Paysandú y Salto). La corrupción del electorado es un signo mayor del descaecimiento histórico del Uruguay, su principal agente es el propio sistema de partidos, en tanto no sólo propicia las condiciones de sometimiento a la globalización, sino que además intenta paliar sus efectos electorales mediante una curiosa -pero elocuente- caridad laica.⁶

La Arcadia Republicana lleva al voto en blanco o anulado

Cierta visión idílica de la república se ha convertido en un culto mediático e incluso académico en el Uruguay, lo que no deja de reforzar el diseño estratégico propugnado tanto por los organismos globales como por las potencias dominantes en el escenario internacional.7 Esta visión idílica supone que la letra de la norma legislada “en representación de” es condición necesaria y suficiente de la mejor estampa democrática, mientras por el contrario, cierta pretendida conmensurabilidad entre formas jurídicas y condiciones efectivas no trasunta sino un vínculo interpretable, según conflictos a entender y dirimir en función de cada contexto singular.

El discurso que ensalza las ventajas de las instituciones republicanas y de una democracia que no es más que un reflejo de mecanismos institucionales, alcanza en el presente de la globalización objetivos muy diferentes de los que hasta los años 1960 caracterizaron, en el Uruguay, la redistribución socialdemócrata orientada al bienestar de las mayorías. De hecho, en función de la "estabilidad institucional" de la que se enorgullecen la gran prensa y una mayoría de la opinión pública del mismo país, los sucesivos gobiernos de distinto signo partidario han logrado establecer; a partir del canon de la "forma de Estado" republicana, la homología jurídica que lo inscribe en el actual marco normativo de los negocios mundiales. Este "culto a la estabilidad institucional" y a “la seguridad jurídica” está destinado a suscribir un perfil internacional dócil y proclive al "respeto de los contratos", en particular en lo que respecta a las inversiones transnacionales.8

En tales condiciones el crecimiento del voto en blanco y anulado en las elecciones departamentales metropolitanas (en Montevideo casi 9% y en Canelones 12%), lejos de manifestar una abstinencia producto de la duda del votante, tiende a expresar el rechazo ante un sistema de partidos supeditado a un orden mundial sin arraigo comunitario.